Wednesday , 22 February 2017
¿Qué ha logrado la Ley de Libre Acceso a la Información Pública?

¿Qué ha logrado la Ley de Libre Acceso a la Información Pública?

Desde antes del nuevo milenio, representantes de la clase periodística y la sociedad civil demandaban una ley que garantizara el acceso a las informaciones públicas, como tienen otros países. Este 28 de julio, la exigida legislación cumple 10 años de promulgada. Ha servido de fundamento para 200 Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAI), que han recibido miles de solicitudes, pero tiene pendiente mejorar los portales de Transparencia y luchar con funcionarios que rehuyen revelar cómo administran las instituciones estatales.

En julio de 2004, el entonces senador José Tomás Pérez, quien introdujo un proyecto que dio paso a la aprobación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, declaró: “Eso de hacer compras por debajo de la mesa de manera engañosa, con licitaciones simuladas que al final gana una empresa sin que se sepa el motivo, se acabará”.

Hoy, 10 años después, evalúa: “A pesar de que ha habido algunas fallas en su aplicación, entiendo que la ley ha ido cumpliendo con parte de su cometido, porque ha contribuido a transparentar mucho más las instituciones públicas (…) Informaciones que antes se consideraban ‘delicadas’ están inclusive en el Internet”.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León, entiende que la ley ha ayudado a perder “el miedo” de exigir información al funcionario público. Destaca que por negativas, se han incoado procesos judiciales y “casi todos han prosperado a favor del solicitante”.

Pero, tiene una queja: “Esperábamos algo más, esperábamos que para esta altura muchos más sectores se hubiesen empoderado del uso de esta ley. Pensábamos que el sector prensa iba a tener mayor uso. En el caso de los políticos, creíamos que el uso iba a ser más masivo, sobre todo los políticos de la oposición”.

Según los registros estadísticos de diferentes OAI, los estudiantes son quienes más aprovechan la ley para solicitar informaciones con fines de tesis o asignaciones académicas, así como ciudadanos de a pie, y en última proporción la prensa.

La OAI del Senado, por ejemplo, recibió entre 2011 y mediados de 2014, un total de 1,195 solicitudes, y apenas 16.8 % fue motivada por investigaciones periodísticas.

El veterano periodista Juan Bolívar Díaz, uno de los que propugnó por la ley, entiende que la legislación mejoró la perspectiva de obtener información. “De hecho, en algunos casos se han conseguido importantes informaciones que de otra forma no hubiesen sido accesibles a la ciudadanía”, dice.

Sin embargo, considera que la prensa no hace más uso de la ley porque el periodismo de investigación está en crisis. “Está en crisis por varias razones: la primera es porque entró en crisis el salario de los periodistas y de los comunicadores (…) Segundo, porque las fuentes de profundización, tanto gubernamentales como privadas, han tratado de cooptar a los periodistas, a los comunicadores, y entonces se encuentran más dificultades porque muchos periodistas no quieren tropezar con los que dan publicidad, o los que dan salario y otros beneficios como ha dado el Estado, incluyendo a pensiones”.

En una encuesta realizada y respondida por 22 periodistas, 12 consideran que la ley vino a extender el tiempo para conseguir información. El tope máximo establecido por la legislación son 15 días hábiles, prorrogables por otros 10.

“Muchas veces te dan la información, pero no está completa. El periodista se tiene que conformar, porque insistir significa esperar otros 15 días, y el tema se pierde”, respondió un encuestado.

Algunos opinaron que cuando refieren al periodista a la OAI, los datos fluyen más lentos o termina siendo un mecanismo para el funcionario controlar cuáles documentos entregar.

 Actualmente hay 200 Responsables de Acceso a la Información (RAI) designados, quienes devengan un salario que puede ir desde menos de los RD$35 mil que gana el representante del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, o los RD$130 mil de la encargada en la Cámara de Diputados, según reportan sus portales de Transparencia.

En algunas instituciones, un funcionario tiene esta responsabilidad entre sus tareas, como es el caso de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, cuyo encargado de Acceso a la Información es el subdirector Leonel Carrasco.

En las alcaldías de los distritos municipales ocurre igual, pero por carecer de fondos para pagar un RAI y no disponer de palacios municipales propios donde habilitar una OAI, explica Pedro Richardson, director de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. De 231 Distritos Municipales, solo el 16.7 % cuenta con OAI habilitadas.

¿Qué solicita la gente?

La OAI de la Procuraduría fue la primera en abrirse. Se usó como piloto en el 2006. Desde 2012, recibe unas 300 solicitudes por año, siendo las principales informaciones procedimientos, nómina y sobre drogas. “Estas oficinas empoderan a la ciudadanía con relación al poder de la información. Muchas veces se podía tener el tabú de que a una institución no se podía acceder o pedir una información”, dice Stalin Polanco, su director.

La OAI de la Cámara de Diputados es una de las más activas. Recibió 6,176 solicitudes desde su fundación en 2007 hasta 2013. Sin embargo, Catalina Olea, su encargada, se queja de que muchos se enfocan en requerir datos salariales o de un tema que se ventile en la prensa en el momento, y no profundicen en aspectos como la ejecución presupuestaria. “El objetivo de la ley no es saber cuánto gana alguien, sino ver si se está pagando realmente para funcionarios que vayan a hacer una labor eficiente”, dice.

Una encuesta realizada en abril pasado por el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia, a 350 estudiantes y gremialistas laborales, arrojó que 141 han solicitado información, y de ese número, 47 % fue nómina pública y 30 % declaración jurada de bienes.

¿Cuántas cumplen?

En 2012, Participación Ciudadana realizó su sexto monitoreo de aplicación de la Ley 200-04, y de 52 instituciones evaluadas, solo tres obtuvieron la máxima calificación de 90 en el cumplimiento general de la legislación: Contrataciones Públicas, la Procuraduría y la Superintendencia de Pensiones.

Una evaluación más reciente, hecha para mayo de 2014 por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en base al proyecto de estandarización de Portales de Transparencia, concluyó que solo cuatro de 138 instituciones cumplen con el 100 % de los requerimientos de transparencia activa, es decir, con lo relativo a presupuesto, compras, nóminas y otros datos.

Estas son: la Administradora de Riesgos Laborales, la Contraloría General, la Dirección de Contabilidad Gubernamental y la Tesorería de la Seguridad Social. Otras 22 alcanzan una calificación entre 90.19 y 98.57.

“Las oficinas de Acceso a la Información Pública vienen a llenar un espacio importante porque te abren unas estructuras en todas las instancias públicas”, asegura Berenice Barinas, encargada de Transparencia Gubernamental.

¿La gente hace uso o sabe de su derecho a buscar información?

De 350 encuestados por el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia, sobre el conocimiento y aplicación de la Ley 200-04, el 67 % dijo que no conoce la legislación.

Los encuestados fueron estudiantes de la UASD, O&M, UTESA, UCSD, PUCMM y representantes de gremios laborales. El 75 % se mostró partidario de que la ley se promueva en las escuelas y las comunidades.

Para el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, la ley sigue siendo una “ley de lujo”. “O mejor dicho ‘uno de los secretos mejor guardados’ en nuestro país, y aunque parezca una hipérbole incómoda, no lo es. Percibo que un porcentaje muy bajo de la ciudadanía la conoce y que por ello ha sido insuficiente su uso”.

“No parece primar en los encargados o responsables gran entusiasmo por atender las demandas de información”, dice.

El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, aseguró en junio que la difusión de la ley llegará a los niveles de educación Básica y Superior. Este compromiso lo manda el decreto 486-12 que crea la Dirección que preside

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